Usar la escuela para acabar con los pueblos indígenas

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El etnocidio es un delito recurrente que los pueblos originarios en Guatemala deben enfrentar día con día en las aulas, en las calles, en los medios de comunicación.

Por Norma Chamalé Patzán/ CMI

La historia de los pueblos originarios en Guatemala, y del pueblo Maya’ en particular, ha visto desfilar políticas Estatales tendentes a eliminar a los pueblos, tales como el asimilacionismo, el integracionismo, la castellanización forzada; algunas sustentadas en propuestas intelectuales tan retrógradas como la necesidad urgente de “mejorar la raza”. Estas políticas han tenido un sustento fuerte en la educación pública.
Han pasado ya 65 años desde que la castellanización fue obligatoria en todos los centros educativos del país, con lo cual, muchos niños1 se vieron obligados a aprender un idioma de manera abrupta y violenta pues en las escuelas estaba prohibido hablar otro idioma que no fuera el español, de lo contrario recibían castigos físicos y psicológicos fuertes. Muchas personas, abuelas, abuelos, madres, padres de hoy en día han negado el derecho a sus hijas e hijos de aprender su idioma Maya’ por miedo y protección a recibir este mismo tipo de castigos y de rechazo.
A partir de la guerra interna que vivió Guatemala, ya la constitución política de la República del ‘85 hace un reconocimiento a la existencia de los pueblos originarios en el país y deja sentada la obligación del Estado de proteger y promover las culturas, de respetar sus formas propias y de establecer los mecanismos para que los pueblos vivan plenamente esas formas2. Al mismo tiempo, producto de los acuerdos de Paz, el Estado guatemalteco reconoce que la interculturalidad es una vía para la plena convivencia de las sociedades en este país.
En papel, las cosas avanzan pero en la realidad es diferente. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Financieros -ICEFI-, los idiomas originarios tienen a desaparecer sobre todo en “los hogares kaqchikeles y garífunas, en donde solamente el 39.5% y 20.3% de las familias están enseñando la lengua materna a sus hijos e hijas”. Este dato se enfrenta a situaciones concretas como el racismo que se vive diariamente en la sociedad así como a las diferentes políticas que los gobiernos impulsan en este sentido.
Específicamente en materia de Educación, el esfuerzo que los diferentes gobiernos han realizado a partir de la Ley Nacional de Educación, en materia de educación bilingüe ha sido insuficiente. Este mismo instituto advierte que “los esfuerzos de cobertura se encuentran dispersos, pues hay comunidades lingüísticas como la Poqomam, Sakapulteka y Jakalteca que en el nivel primario tienen menos del 10% de cobertura bilingüe, el restante 90% de esos niños y niñas recibe educación en castellano”, comunidades lingüísticas que están en riesgo real por el número bajo de personas que hablan estos idiomas.
Como se ve en la siguiente gráfica, en muchos casos la demanda de educación en idiomas maya es mucho más alta que la oferta de la misma, esto según lo refleja la reciente investigación ¿Quiénes son las y los excluidos del sistema educativo guatemalteco?
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Continúa el ICEFI: “En materia de financiamiento, si bien el Estado ha pasado de invertir Q141.6 millones para educación bilingüe en el 2000, a Q901.6 millones en 2011, ello solo se ha traducido en un incremento en términos reales por alumno de Q510 a Q565, respectivamente.” Hablar de educación bilingüe en Guatemala debe ser evaluado desde el fondo porque no todas y todos entendemos lo mismo por bilingüe. Las niñas y los niños deben aprender primero en su idioma materno, luego aprender el idioma español y si es posible, aprender un tercer idioma; pero en muchas escuelas del país se prioriza el idioma inglés para darle el tinte bilingüe.

Los “esfuerzos” que los diferentes gobiernos han realizado en materia de educación bilingüe más parecerían estrategias hacia un sutil etnocidio de los pueblos en Guatemala, sobre todo porque no son esfuerzos reales y concretos. Etnocidio, una palabra tan rara que simplemente significa, la destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento de los pueblos que significa su destrucción. Y claro, educar a los pueblos para que olviden o renuncien a su identidad, es la manera más sutil de continuar una política de exterminio.

Existen dos casos que sustentan esta tendencia. Por un lado, en el 2013, niñas y niños Maya K’iche’ de Santa Caratina Ixtahuacán denunciaron al Ministerio de Educación por no cumplir su derecho a recibir su educación en su idioma materno, al contrario, las clases se imparten en idioma castellano y únicamente reciben una hora de idioma k’iche’ al día. Hacerlo de esta manera es una violación a la estructura de la personalidad de las niñas y los niños monolingües K’iche’; sin embargo la Corte Suprema de Justicia negó un amparo a favor de la niñez y la realidad en las aulas continúa siendo la misma, una castellanización forzada.

Por otro lado, este mismo gobierno ha implementado una modificación a la estrategia de formación inicial docente, con lo cual se elimina la formación de maestras y maestros bilingües interculturales pues ahora solo se formaran bachilleres. Con esta medida se pone en riesgo la formación de profesionales que comprendan, vivan, respeten la cultura como proceso propio, quienes posteriormente se encargarán de la formación de niñas y niños en los centros educativos.

Esta acción hizo que el Consejo de Educación del pueblo Maya Ixil, actuara legalmente en la Corte Suprema de Justicia contra el MINEDUC en la búsqueda con hacer valer su derecho constitucional a una educación bilingüe, que respete el elemento cultural vivo fundamental como lo es el idioma Maya Ixil. El nuevo Bachillerato con orientación en educación asigna a los estudiantes dos cursos de Pedagogía y dos de Didáctica. De los 30,004 estudiantes en el área Ixil inscritos en el 2012, según el anuario Estadístico del Ministerio de Educación, 28,991 inscritos eran indígenas y de los 1,246 docentes, 1,075 son de igual forma indígenas por lo que resulta incoherente que las nuevas carreras nieguen el derecho a la educación Bilingüe intercultural en una zona con una realidad socio-económica adversa y excluyente, como lo es el área Ixil, violentada por el genocidio durante la guerra interna.

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Como argumenta Amilcar Pop: “El abandono intencionado en la educación, la falta de pertinencia cultural, la baja calidad, poca cobertura educativa, etc., se traduce en que las familias opten por la educación privada, si a esto le sumamos la falta garantía de gratuidad” resulta en la privatización de la educación, como lo reflejan estos datos. Sumado a esta tendencia, “una educación estatal que anula, con la castellanización, la posibilidad del desarrollo cultural de los pueblos originarios” claramente se convierte en una sistema educativo que en vez de resguardar, pone en riesgo el futuro de los pueblos originarios en el país.
Decir que el Estado guatemalteco, a través del MINEDUC y sus disposiciones y omisiones, garantiza la supresión y eliminación de los mecanismos difícilmente conquistados por los pueblos para la promoción de su cultura, su ideología y prácticas ancestrales, es una afirmación contundente validada en los ejemplos arriba descritos. Se habla de un sutil etnocidio disfrazado ante la “necesidad” de mejorar la formación de las juventudes, lo cual debe ser prioritario, pero ninguna mejora debe significar un retroceso o violación a otros derechos. Ninguna persona puede iniciar una formación académica si se le niega la posibilidad de que sea en su lengua materna, de lo contrario el Estado mismo está irrespetando los derechos inherentes a su propia cultura, que son derechos constitucionales.
Actualmente, los pueblos afrontan el despojo, la invasión, la muerte y la persecución a partir de diferentes políticas estatales, agresivas, que buscan el “desarrollo” económico del país. Millones de dólares son extraídos diariamente de las entrañas de la Madre Tierra por empresas extranjeras atraídas por el gobierno central, que se asientan en las comunidades y que traen consigo, consecuencias sociales que ponen en riesgo la estabilidad social y el desarrollo mismo de las culturas propias de los pueblos.
Sumado a este despojo externo, se da el despojo interno de los elementos profundos identitarios de los pueblos y aquí las políticas educativas juegan un papel preponderante. El etnocidio es un delito recurrente que los pueblos originarios en Guatemala deben enfrentar día con día en las aulas, en las calles, en los medios de comunicación.
¿Cuántos años le ha costado al pueblo Maya’ en Guatemala avanzar en la lucha por el respeto de sus derechos inherentes como pueblo? La lucha por el respeto, valorización y promoción de las formas propias de ver la vida, de sentir cada uno de los elementos que conforman el cosmos, de entenderla en medio de contextos cruentos marcados por el racismo, cuenta más de cinco siglos y avanzando. ¿A cuántas mujeres y hombres les han violado el derecho de hablar su idioma materno, de vestir su traje Maya’, de reconocer públicamente su identidad étnica o de pueblo?
La defensa del derecho a la educación bilingüe es solo uno de los frentes de lucha que el Pueblo Maya’ vive constantemente en su lucha por la refundación de un Estado racista y por el cumplimiento pleno de sus derechos inherentes, individuales y colectivos.