¿En qué se benefició a los indígenas con los Q325 millones del Fodigua?

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POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Fideicomiso vence este año y fue poco fiscalizable
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua) es un caso ilustrativo del manejo de fondos del Estado bajo criterios de opacidad a través de los fideicomisos. El proyecto dejará de existir en 2015 sin que la Contraloría General de Cuentas (CGC) tenga certeza de la adecuada administración de sus recursos y sin que se promovieran mejoras a las condiciones del sector indígena, normalmente excluido de las políticas públicas y toma de decisiones.
Informes de la CGC evidenciaron que durante los 20 años de funcionamiento de Fodigua, los recursos invertidos en el proyecto no fueron auditados de forma efectiva debido a la barrera legal que significan los fideicomisos, utilizados por la administración pública bajo normas del derecho privado.
Aunado a esto, expertos consideran que las condiciones de pobreza y exclusión en las comunidades indígenas, quienes representan el 40 por ciento de los aproximadamente 15 millones de guatemaltecos, no mejoraron en el período de funcionamiento del Fondo.
Fodigua fue creado en el marco de los Acuerdos de Paz como un fondo fiduciario de US$51 millones (Q400 millones) para ser gastado en un período de 20 años, lo que significa que cada año el gobierno destinó un monto para su funcionamiento en el Presupuesto General de la Nación.
Dicho presupuesto se ejecutó a través del Banco de los Trabajadores, que en este caso actuó como la entidad fiduciaria.
Según datos proporcionados por la Unidad de Comunicación Social de Fodigua, los aportes recibidos del Gobierno Central para las operaciones del Fideicomiso al 30 de abril de 2015 ascienden a Q325 millones 683 mil 752.55, equivalente al 81.5 por ciento de lo asignado en el plan original, faltando por recibir Q74 millones 316 mil 247.45 antes del 26 de diciembre del año en curso, cuando termina su vigencia.
IRREGULARIDADES


En el último informe de auditoría de la CGC (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014), cuando el patrimonio del fideicomiso superó los Q42 millones, el ente fiscalizador detectó anomalías en el manejo de fondos por parte de la institución.
La Contraloría alertó la falta de transparencia en la ejecución de los fondos trasladados al Fideicomiso y la falta de supervisión por parte de la Dirección Administrativa y Financiera sobre el uso de los fondos de caja chica.
Asimismo indicó que la integración de los intereses generados con fondos del mismo, por un monto de Q608 mil 660.67, no fueron registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada.
Sobre este aspecto, Maynor Oswaldo Porón Cuá, coordinador de presupuesto, explicó que dichos cobros los hará efectivos el fiduciario al final de cada mes, en forma automática, de los intereses percibidos de los préstamos otorgados o de las inversiones autorizadas, a partir de la fecha de suscripción del fideicomiso.
El documento de la auditoría también señala que Fodigua está bajo la lupa por actos de nepotismo y tráfico de influencias, por la supuesta existencia de cerca de diez plazas de familiares de los directivos de esa institución.
Desde el vencimiento del acuerdo gubernativo que autorizaba al anterior consejo, Fodigua funciona bajo la dirección de Guadalupe Zamora, quien asegura que únicamente ha fungido como ejecutor de los proyectos aprobados por la administración anterior.
El exdirector de esa entidad, Elías Gonzales Patal, admitió la existencia de plazas fantasma en Fodigua, pero justificó el hecho afirmando que son puestos asignados antes del inicio de su administración.
Según explica el entrevistado, muchas de estas personas eran expertos en temas específicos relacionados con los pueblos indígenas y por la dificultad de encontrar profesionales en esta materia les otorgan los contratos. Aunque asegura que ya fueron retirados.
De acuerdo con el informe, el Consejo Directivo también incumplió con la remisión mensual de los estados financieros al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso. Los responsables, negaron esta afirmación de la Contraloría.
GASTOS DISCRECIONALES


Fodigua es parte de un grupo de fideicomisos ejecutados por la Administración Central que en total tuvo una asignación presupuestaria de Q 3 mil 409 millones en 2015.
El grupo también está conformado por: el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Fonacon); Fondo Vial, Inversión para la Vivienda (FIV), y Fondo Social de Solidaridad, del Ministerio de Comunicaciones; Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) y Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Fondo de Protección Social, así como Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social; Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua); y Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacyt).
Los fideicomisos públicos son definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas como los “instrumentos jurídicos creados por la administración pública para cumplir con una finalidad lícita y determinada, a efecto de fomentar el desarrollo económico y social a través del manejo de los recursos públicos administrados por una institución fiduciaria. Asimismo, mediante el contrato de fideicomiso se da seguimiento a diversos programas y proyectos estatales que persiguen el bien común”.
Sin embargo, Walter Figueroa, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, considera que los fondos invertidos a través de dichos fideicomisos son vulnerables a la corrupción por el carácter discrecional de estos instrumentos de ejecución.
El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, ha solicitado a los diputados promover las acciones necesarias para eliminar por completo la posibilidad de ejecutar recursos del Estado mediante estos fideicomisos, argumentando que se hace difícil su adecuada auditoría ya que al constituirse, se establece que debe buscarse un fiduciario y según la normativa vigente, debe ser un banco del sistema.
“Desde el momento en que un banco es fiduciario y empieza a autorizar contratos, la Contraloría ya no puede auditar de forma plena y debe pedir los informes a la Superintendencia de Bancos. Esto impide que se deduzcan responsabilidades legales y penales contra particulares o funcionarios que están haciendo mal uso de estos recursos”, expuso el titular de la CGC.
PROYECTOS INCONCLUSOS


En la página web de Fodigua se consigna que a través de sus Departamentos de Recursos Tecnológicos Educativos, Gestión para el Buen Vivir, Formación Política para la Incidencia, Autoridades Indígenas y Ancestrales y Departamento de Investigación, se apoya y financian proyectos de desarrollo social, socioproductivos de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de recursos humanos para fortalecer el desarrollo de los pueblos indígenas desde su cosmovisión.
“Se han atendido a hombres y mujeres de las diferentes comunidades lingüísticas existentes en el país como lo son: Q’anjob’al, Popti’, Mam, Tz’utujil, Ixil, K’iche’, Kaqchikel, Q’eqchi’, Poqomchi’, Itza’, Garífuna, Xinka, entre otras”, indica la fuente.
La información oficial refiere que Fodigua, en 20 años de funcionamiento, llevó a cabo 18 mil 283 proyectos de desarrollo social rural, pero si se liquida este año, dejará inconclusos 4 mil programas y planes o serán transferidos a otras entidades de forma acelerada para su control y ejecución.
Esto, a menos que el Congreso emita un decreto para que convierta Fodigua en ministerio o agencia gubernamental, de acuerdo al viceministro de Finanzas, Edwin Martínez.
Sin embargo, representantes de organizaciones indígenas consultados consideran la labor de Fodigua como “insuficiente”, tanto por limitación en el tiempo de funcionamiento y presupuesto, como por la “mala administración” del proyecto.
Mario Itzep, del Observatorio Indígena, señala que en los 20 años que el Fodigua tiene de trabajo, no se han podido identificar los resultados concretos debido a que “es una institución creada bajo la dependencia del Gobierno”, y comparó el ente con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
“Lo que vemos aquí es que Fodigua ha sido la caja chica de los diputados y de los alcaldes”, opina Itzep, al tiempo que hizo un llamado a la Contraloría para que haga una investigación inmediata del manejo de los recursos, “sobre todo de los últimos seis meses”, en que la institución ha funcionado sin un consejo que la presida.
Hugo Icu, de la Coordinación y Convergencia Maya Waqib’ Kej, considera la fiscalización como una práctica “sana” que debería mantenerse de manera constante en la administración pública, pero considera que Fodigua solo es una ventanilla indígena politizada más que necesita ser reformada.
RETRASOS EN EDUCACIÓN Y SALUD


Según la Caracterización Estadística de la República de Guatemala del INE, publicada en 2013, de los 15 millones 73 mil 375 de habitantes que había hasta junio de 2012 un 40 por ciento se identificaba como indígena, es decir, unos 6 millones de guatemaltecos.
La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia señala que la pobreza afecta en un 74% a los indígenas y solo al 38% de los no indígenas. Y de igual manera sucede con la extrema pobreza, que afecta en 24.3% al primer grupo y en 6.5% al segundo.
En un estudio de campo realizado por la Procuraduría de Derechos Humanos, en Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapán -los cinco departamentos que reportaron más alumnos indígenas–, solo en el último se reportó que todos los centros educativos imparten educación bilingüe, mientras en el resto de las localidades mencionadas ninguna supera el 80 por ciento.
En materia de salud, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala lamentó recientemente las restricciones y el retraso que viven los indígenas, históricamente explotados y en condiciones de pobreza.
“En Guatemala preocupa que los pueblos indígenas, en particular las mujeres y niñas indígenas, sigan en posiciones desventajosas de la sociedad que atentan contra sus derechos humanos, a pesar del peso demográfico de su población en el país”, indicó en un comunicado la entidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, efectuada en 2014, 6 millones 316 mil 005 guatemaltecos conforman la población económicamente activa (PEA).
La muestra indica a detalle que el 35% de personas de la PEA está conformado por indígenas y el 65% contiene a la población no indígena; aunque en el grupo indígena, la labor empieza en edades más tempranas.
Los índices del trabajo infantil también prevalecen en su mayoría en las áreas rurales del país que tienen población mayoritariamente indígena, con un 57.9% de los casos, una cifra superior a los espacios donde prevalece la población no indígena, donde el indicador llega al 42.1 por ciento.
En la actualidad, de cada diez habitantes indígenas, al menos ocho sostienen su economía a través del comercio informal.
En cuanto al acceso de los pueblos indígenas a la justicia, la PDH agrega que existe una dificultad en comprender los procedimientos legales, porque se utiliza únicamente el español, a pesar que los demás idiomas son reconocidos en el país.
En los casos penales, el Artículo 142 del Código Procesal Penal establece que los mismos deben realizarse en idioma indígena y luego traducirse al español al mismo tiempo, situación que no siempre se lleva a cabo.
La PDH destaca también que el Ministerio Público no cuenta con recurso humano contratado en su calidad de intérpretes jurídicos, aunque aprovecha la presencia de personal indígena en las fiscalías para apoyarse.

DEPARTAMENTOS CON MAYOR POBLACIÓN INDÍGENA


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